La fiscalía ordena agotar la investigación en los casos de bebés robados
Una circular considera que el plazo de prescripción arranca al enterarse la víctima
El fiscal general del Estado considera que las causas abiertas por el robo de bebés
entre 1959 y 1990 en distintos hospitales y clínicas españolas no
prescriben hasta pasados 10 años desde que la víctima se entera de su
condición ni tampoco pueden archivarse inicialmente por falta de
pruebas. En una circular, remitida a todos los fiscales, unifica los
criterios en el tratamiento de estas causas dando así respuesta a una
vieja reivindicación de los afectados y a una aún más vieja promesa de
esta institución. La fiscalía ya había transmitido verbalmente, en
reuniones con los fiscales territoriales, su postura sobre la
prescripción en estos casos, pero al no haber una circular por escrito,
es decir, una orden, cada fiscal ha actuado de forma distinta. Algunas
asociaciones de víctimas ya planean recurrir casos sobreseídos.
- Sor María Gómez Valbuena, de 87 años, es hasta el momento la única imputada por un magistrado por presunto robo de niños. Pertenece a la congregación Hijas de la Caridad y está procesada por el robo en marzo de 1982 de una niña en la maternidad Santa Cristina, situada en Madrid. Es la historia de María Luisa Torres y Pilar Alcalde. Madre e hija se encontraron en 2011, 29 años después del nacimiento de Pilar.
- El caso de los niños robados ha llegado a las autoridades europeas. El granadino Eduardo Raya se convirtió el 23 de marzo de 2010 en el primer denunciante de un caso de estas características en España y este verano presentó una queja formal ante el Parlamento Europeo por indefensión, irregularidades jurídicas y parálisis de la justicia española en su causa y en otras similares. Un juzgado de instrucción había archivado su caso y Raya comenzó a trabajar también en una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
- El Ministerio de Justicia va a poner en marcha una nueva oficina para atender a los afectados. Ubicada en la capital, en ella participarán también representantes de las asociaciones de víctimas. En esa oficina, los interesados en iniciar una investigación podrán acceder a la documentación e información que la Administración tenga en su poder “relativa a su filiación natural, como datos registrales y expedientes sanitarios”.
- El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado mes de octubre una orden del Ministerio de Justicia para la creación de dos ficheros de datos de carácter personal: uno con las solicitudes de suministro de información administrativa por parte de personas afectadaspor la sustracción de recién nacidos, y el otro, con los perfiles de ADN.
“Transcurrido más de un año desde el inicio de las investigaciones”,
dice la circular, “se han planteado divergencias en las vías de
investigación, en la calificación de los hechos y en los plazos de
prescripción aplicables. El análisis de las resoluciones que las
audiencias provinciales han ido dictando en los asuntos judicializados
no ha hecho sino confirmar la ausencia de unidad de criterio. Incluso se
han producido discrepancias entre secciones de la misma Audiencia
Provincial”. El escrito habla de tener “especialmente presente la
necesidad de dar la máxima protección posible a todas las víctimas”.
La mayoría de los casos archivados se habían cerrado por falta de pruebas o aplicando el criterio de la prescripción. “Ahora lo que dice la Fiscalía del Estado es que los fiscales tienen que investigar hasta el final y tomar un papel activo, es decir, que no pueden archivar sin más por falta de pruebas sino que tienen que ir a buscarlas”, explica Guillermo Peña, abogado de SOS Bebés Robados en Madrid, que ahora planea volver a llevar a la justicia dos casos de Toledo que fueron archivados por este motivo. “La circular extiende el criterio que viene aplicando la Fiscalía de Madrid al resto de fiscales”.
Eduardo Esteban, fiscal jefe de Madrid, confirma que, pese a que la Fiscalía del Estado ya transmitió esas directrices en alguna reunión, hasta ahora no les había enviado la circular que ordena aplicarlas y “los criterios de los fiscales se habían dispersado a la hora de actuar”. “Nosotros siempre hemos mantenido esa tesis, la de que en estos casos se trataría de un delito de detención ilegal permanente y que el tiempo de prescripción, 10 años, no empieza a contar hasta que el afectado se entera de que es un niño robado. Hay que investigar hasta el final y luego decidir”.
La circular no supone que todos los casos que han sido archivados vayan a reabrirse, pero sí es “una ventana abierta”, en palabras de Guillermo Peña, que les facilitará el camino. Tendrán que recurrir caso a caso cada archivo. Algunos ya habían empezado a aplicar ese criterio y los recursos habían salido adelante. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó recientemente al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid reabrir el caso de Felisa Tomico y Juan Antonio Panadero, que buscan a su bebé nacido en abril de 1978, al entender que los posibles delitos no habían prescrito.
La circular explica, además, que los fiscales pueden ordenar la práctica de exhumaciones para comprobar si un bebé dado por muerto al nacer había fallecido realmente, así como practicar pruebas de ADN. La Fiscalía de Madrid ya ha practicado cuatro exhumaciones sin que ninguna pudiera ser considerada prueba de delito. También los fiscales de Albacete, Castellón, Alicante, Valencia o Gipuzkoa las habían ordenado. En esta última, una de las tres exhumaciones mostró un ataúd vacío en el panteón de la familia Losa-Ocáriz.
La investigación judicial de estos casos sigue siendo, no obstante, tremendamente difícil. Incluso en los casos donde ha aparecido la prueba más contundente: una tumba vacía. “Sí, en España se robaron niños, pero lamentablemente nos faltan pruebas para castigar a quienes los robaron. Las exhumaciones son muy elocuentes, demuestran que a los padres les mintieron, pero no aportan ninguna nueva pista sobre el paradero de ese niño”, explicaba a EL PAÍS un fiscal que prefirió ocultar su nombre tras la apertura de una de esas tumbas vacías.
El abogado de la religiosa también ha pedido al magistrado que localice y llame a declarar a una empleada de la Agencia Española para la Protección de la Adopción (AEPA) que tramitó la adopción de este supuesto bebé robado.
El juez que lleva el caso ya llamó a declarar, en calidad de imputada, a sor María Gómez Valbuena, a la madre denunciante, a su hija robada, a sus padres adoptivos y a una veintena de médicos en calidad de testigos.
La monja se acogió a su derecho a no declarar y no respondió a las preguntas del juez pero esa misma tarde envió a los medios de comunicación una nota en la que se declaraba inocente de los hechos que se le imputan: “Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica realizada bajo coacciones o amenazas”.
Isabel Vega, una de las testigos clave del caso, declaró al juez cuando la llamó a declarar como testigo que no recordaba nada de aquel bebé, aunque su firma estaba en el expediente de adopción.
Un drama que ha traspasado fronteras
- En España se han interpuesto más de 1.500 denuncias por supuestos robos de bebés. Muchas de ellas se archivaron por falta de pruebas o al considerar el juez que el caso había prescrito.- Sor María Gómez Valbuena, de 87 años, es hasta el momento la única imputada por un magistrado por presunto robo de niños. Pertenece a la congregación Hijas de la Caridad y está procesada por el robo en marzo de 1982 de una niña en la maternidad Santa Cristina, situada en Madrid. Es la historia de María Luisa Torres y Pilar Alcalde. Madre e hija se encontraron en 2011, 29 años después del nacimiento de Pilar.
- El caso de los niños robados ha llegado a las autoridades europeas. El granadino Eduardo Raya se convirtió el 23 de marzo de 2010 en el primer denunciante de un caso de estas características en España y este verano presentó una queja formal ante el Parlamento Europeo por indefensión, irregularidades jurídicas y parálisis de la justicia española en su causa y en otras similares. Un juzgado de instrucción había archivado su caso y Raya comenzó a trabajar también en una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
- El Ministerio de Justicia va a poner en marcha una nueva oficina para atender a los afectados. Ubicada en la capital, en ella participarán también representantes de las asociaciones de víctimas. En esa oficina, los interesados en iniciar una investigación podrán acceder a la documentación e información que la Administración tenga en su poder “relativa a su filiación natural, como datos registrales y expedientes sanitarios”.
- El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado mes de octubre una orden del Ministerio de Justicia para la creación de dos ficheros de datos de carácter personal: uno con las solicitudes de suministro de información administrativa por parte de personas afectadaspor la sustracción de recién nacidos, y el otro, con los perfiles de ADN.
La mayoría de los casos archivados se habían cerrado por falta de pruebas o aplicando el criterio de la prescripción. “Ahora lo que dice la Fiscalía del Estado es que los fiscales tienen que investigar hasta el final y tomar un papel activo, es decir, que no pueden archivar sin más por falta de pruebas sino que tienen que ir a buscarlas”, explica Guillermo Peña, abogado de SOS Bebés Robados en Madrid, que ahora planea volver a llevar a la justicia dos casos de Toledo que fueron archivados por este motivo. “La circular extiende el criterio que viene aplicando la Fiscalía de Madrid al resto de fiscales”.
Eduardo Esteban, fiscal jefe de Madrid, confirma que, pese a que la Fiscalía del Estado ya transmitió esas directrices en alguna reunión, hasta ahora no les había enviado la circular que ordena aplicarlas y “los criterios de los fiscales se habían dispersado a la hora de actuar”. “Nosotros siempre hemos mantenido esa tesis, la de que en estos casos se trataría de un delito de detención ilegal permanente y que el tiempo de prescripción, 10 años, no empieza a contar hasta que el afectado se entera de que es un niño robado. Hay que investigar hasta el final y luego decidir”.
La circular no supone que todos los casos que han sido archivados vayan a reabrirse, pero sí es “una ventana abierta”, en palabras de Guillermo Peña, que les facilitará el camino. Tendrán que recurrir caso a caso cada archivo. Algunos ya habían empezado a aplicar ese criterio y los recursos habían salido adelante. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó recientemente al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid reabrir el caso de Felisa Tomico y Juan Antonio Panadero, que buscan a su bebé nacido en abril de 1978, al entender que los posibles delitos no habían prescrito.
La circular explica, además, que los fiscales pueden ordenar la práctica de exhumaciones para comprobar si un bebé dado por muerto al nacer había fallecido realmente, así como practicar pruebas de ADN. La Fiscalía de Madrid ya ha practicado cuatro exhumaciones sin que ninguna pudiera ser considerada prueba de delito. También los fiscales de Albacete, Castellón, Alicante, Valencia o Gipuzkoa las habían ordenado. En esta última, una de las tres exhumaciones mostró un ataúd vacío en el panteón de la familia Losa-Ocáriz.
La investigación judicial de estos casos sigue siendo, no obstante, tremendamente difícil. Incluso en los casos donde ha aparecido la prueba más contundente: una tumba vacía. “Sí, en España se robaron niños, pero lamentablemente nos faltan pruebas para castigar a quienes los robaron. Las exhumaciones son muy elocuentes, demuestran que a los padres les mintieron, pero no aportan ninguna nueva pista sobre el paradero de ese niño”, explicaba a EL PAÍS un fiscal que prefirió ocultar su nombre tras la apertura de una de esas tumbas vacías.
Más declaraciones en el ‘caso sor María’
Adolfo Carretero, el juez que investiga y ha imputado a la monja María Gómez Valbuena, de 87 años, por el presunto robo de un bebé en 1982, ha vuelto a llamar a declarar a la madre denunciante, María Luisa Torres, para hacerle nuevas preguntas sobre el caso. Será el próximo 18 de enero. “Ahora el juez ya lo sabe todo. Sor María merece el mayor castigo”, dijo al salir del juzgado, acompañada de su hija Pilar, el pasado 3 de abril. Se conocieron en 2011, 29 años después del parto.El abogado de la religiosa también ha pedido al magistrado que localice y llame a declarar a una empleada de la Agencia Española para la Protección de la Adopción (AEPA) que tramitó la adopción de este supuesto bebé robado.
El juez que lleva el caso ya llamó a declarar, en calidad de imputada, a sor María Gómez Valbuena, a la madre denunciante, a su hija robada, a sus padres adoptivos y a una veintena de médicos en calidad de testigos.
La monja se acogió a su derecho a no declarar y no respondió a las preguntas del juez pero esa misma tarde envió a los medios de comunicación una nota en la que se declaraba inocente de los hechos que se le imputan: “Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica realizada bajo coacciones o amenazas”.
Isabel Vega, una de las testigos clave del caso, declaró al juez cuando la llamó a declarar como testigo que no recordaba nada de aquel bebé, aunque su firma estaba en el expediente de adopción.
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