La condena a 50 años de prisión del dictador argentino
Jorge Rafael Videla
por el programa de secuestro de los hijos de las disidentes políticas
torturadas o asesinadas en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada
(ESMA) durante los gobiernos de la junta militar entre 1976 y 1983, ha
vuelto a poner de manifiesto la existencia de un pacto en España para
dejar impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el
franquismo.
Desde el golpe militar del
Francisco Franco y su dictadura, que se extendió hasta su muerte en 1975, fueron robados a las presas políticas
más de 30.000 niños, por las mismas razones y con las mismas técnicas utilizadas por la junta militar argentina.
Mientras en Argentina, la derogación de las leyes de punto final
por el anterior presidente, el fallecido Néstor Kichner, ha permitido
el proceso de los responsables de crímenes contra la Humanidad durante
la dictadura, en España donde el programa de desaparición de niños
sobrevivió a Franco y llegó a prolongarse hasta la década de 1990, el
pacto para ocultar y no perseguir a los responsables de aquellos
crímenes sigue vigente.
El único intento de perseguir los crímenes del franquismo que se ha producido en España, el del ex juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón,
acabó provocando la suspensión del magistrado, a pesar de que había
abandonado ya el caso por las presiones de la Fiscalía y del Gobierno, a
raíz de una querella presentada por el grupo ultraderechista
Manos Limpias.
Garzón no volvería a ejercer la magistratura porque, mientras estaba
suspendido por el caso del franquismo, fue condenado a una pena de
inhabilitación absoluta por lo que el Tribunal Supremo juzgó como
vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción del
caso Gürtel.
Días después de esta condena, la acusación contra Garzón por perseguir
los crímenes del franquismo fue archivada. Pero el magistrado ya había
pagado el precio de intentar sentar en el banquillo a los responsables
de crímenes contra la Humanidad cometidos durante la dictadura.
El pasado 26 de junio todo el mundo pudo asistir en sesión televisada a la comunicación
in voce,
es decir a la lectura pública de la sentencia de la Corte Suprema
argentina que condenó a Videla a 50 años por el secuestro de niños. Ya
cumplía cadena perpetua por los otros crímenes cometidos durante la
última dictadura.
Videla asistió impasible a la lectura del fallo. Otro de los acusados,
Reynaldo Bignone, que también presidió la junta militar, se derrumbó al escuchar cómo la presidenta del tribunal le declaraba también culpable.
A él sólo se le impuso una pena de 15 años de prisión porque el número
de niños secuestrados, era mucho menor que el atribuido a Videla, al que
sólo se le pudieron imputar 34 secuestros. Tanto en la sala como en las
calles de Buenos Aires hubo una explosión generalizada de júbilo cuando
la magistrada leyó el fallo contra Videla. La sentencia fue acogida
como un reconocimiento y una reparación a las víctimas y fue
especialmente celebrado por las Madres y, sobre todo, por las
Abuelas de la Plaza de Mayo.
En el caso español, el de los
niños robados del franquismo es un episodio prácticamente desconocido hasta el año 2000. Ese año, TV3, la televisión pública catalana, emitió en el espacio
30 minuts un documental de producción propia titulado
Els nens perduts del franquisme –Los niños perdidos del franquismo–, realizado por los periodistas Ricard Belis y Montse Armengou, y por el historiador Ricard Vinyes.
El documental más tarde dio lugar al libro Los niños perdidos del franquismo,
editado por Plaza & Janés. Recogía las investigaciones y la
documentación que probaban las tesis de Vinyes: el franquismo, desde el
primer momento había llevado a cabo un plan sistemático de exterminio de
los marxistas, a los que consideraba seres inferiores, que no se limitó
a la guerra y que se extendió durante toda la dictadura.
El autor intelectual de tal atrocidad fue el psiquiatra militar
Antonio Vallejo-Nájera,
un filonazi convencido de la necesidad de exterminar a la "subespecie"
compuesta por los rojos, con un gran ascendente sobre Franco, que le
permitió implantar su plan tras nombrarle jefe de los Servicios de
Psiquiatría del Ejército.
En 1938, Vallejo-Nájera
había dirigido un estudio sobre los prisioneros de guerra republicanos
para determinar qué malformación llevaba al marxismo. Según las
investigaciones de Vinyes, el plan estuvo en vigor durante toda la
dictadura, a pesar de que Vallejo-Nájera murió en 1960. E incluso
sobrevivió al propio Franco, aunque tras los primeros años de la
transición sólo tenía fines económicos.
El trabajo
fundamental de Belis y Armengou en el documental fue lograr el
testimonio de mujeres vivas que habían sido víctimas del plan de
Vallejo-Nájera. Lo lograron al localizar a varias mujeres cuyos neonatos
habían sido secuestrados con la complicidad de Falange y de la Iglesia
católica, que, hasta la fecha se han venido negando sistemáticamente a
entregar la información que consta en sus archivos sobre el caso. El
resultado fue una serie de testimonios desgarradores.
Hasta tal punto tuvieron impacto los testimonios recogidos en el documental, que el juez Garzón citaba abundantemente el libro Los niños perdidos del franquismo
en el auto en el que rechazó las alegaciones tanto de algunas defensas y
de la Fiscalía contra su decisión de investigar todos los casos de
detención ilegal de recién nacidos en el franquismo, con la complicidad
de la Iglesia Católica y de la Falange.
El auto de
Garzón no es nada lejano en el tiempo. Lo dictó el 11 de noviembre de
2008, y en el extenso documento adjunto –consta de 152 folios– argumenta
que, aunque hubieran fallecido los supuestos responsables de los
delitos, el caso debía investigarse no sólo para determinar quiénes
colaboraron, en qué grado y si queda alguien con vida, sino para
recuperar la información retenida por Falange y la Iglesia y poder
reparar parcialmente así el daño causado a las víctimas.
El propio Ricard Viyes, que, con posterioridad a Los niños perdidos del franquismo publicó un ensayo titulado Irredentas sobre
el secuestro de niños , también citado de manera abundante por Garzón
en su auto de 18 de noviembre de 2008, fue uno de los más entusiastas
defensores del intento del ya ex magistrado de esclarecer por la vía
judicial aquella siniestra conjura.
Finalmente, las presiones se hicieron insoportables para Garzón y se
vio obligado a abandonar el caso, aunque lo remitió a los juzgados
ordinarios de las diferentes localidades donde le constaba que se habían
producido los delitos. A pesar de desistir, los poderes fácticos que
estaban detrás de las presiones para que abandonara el caso, y que
abarcan la mayor parte del arco parlamentario español, decidieron que el
magistrado no podía quedar sin castigo.
Fue
suspendido por el caso del franquismo, pero condenado por una causa
menos vergonzante internacionalmente, aunque igualmente escandalosa. El
juez que inició el caso Gürtel de corrupción
generalizada en las administraciones controladas por el PP,
esencialmente la Comunidad de Madrid y la de Valencia, fue condenado
mucho antes que los imputados, contra los que existen indicios más que
fundamentados de criminalidad.
Sin
embargo, las represalias contra Garzón parecen haber tenido el efecto
contrario al pretendido. De entrada, los ensayos e investigaciones
históricas bien documentadas sobre el secuestro de recién nacidos de las
presas políticas del franquismo han proliferado. Hasta culminar en la
que parece ser la obra que prueba de manera definitiva el carácter de
plan sistemático de exterminio de la disidencia política, El Holocausto español, publicado el año pasado por el prestigioso hispanista de la London School of Economics, Paul Preston.
El conocido biógrafo de Franco expone cómo, desde el primer momento del
golpe de Estado del 18 de julio de 1936, los militares rebeldes ya
estaban determinados a exterminar a los militantes de izquierdas a los
que consideraban subhumanos. El plan de Vallejo-Nájera para el secuestro
de recién nacidos de las prisioneras rojas formaba parte del experimento general para erradicar el marxismo, el obrerismo y a todos aquellos que defendieran tales ideas.
Las víctimas del robo de niños también parece haber reunido el coraje
suficiente para reclamar ante los tribunales que esclarezcan
definitivamente el caso. Y, aunque las víctimas políticas del franquismo
saben que no prosperará la investigación, aquellos que vieron cómo les
sustraían a sus recién nacidos con posterioridad al fallecimiento del
dictador y por razones económicas y religiosas ya han conseguido la
imputación de un médico y de una monja en los juzgados.
Pero, lo que definitivamente cierra el círculo del paralelismo entre el
caso argentino y el español es un término: "Plan sistemático". Lo han
empleado los historiadores, desde Vinyes a Preston, lo empleó el juez
Garzón, y lo han empleado tanto la Corte Suprema argentina como los
ahora condenados.
En Argentina tienen muy clara la
vinculación entre el franquismo y la dictadura argentina. Franco fue un
modelo para Juan Domingo Perón mientras estuvo exiliado en Madrid.
Cuando regresó a Argentina y se alzó con la victoria en las
presidenciales de 1973 ya tenía claro que su modelo de Estado era el
franquismo. De hecho, la brutal represión contra la izquierda empezó
bajo su mandato, a manos del oscurantista José López Rega, encargado de
organizar el terrorismo de Estado a través de la Alianza Anticomunista
Argentina, o Triple A.
Lo que precipitó el golpe de
1976 fue precisamente la descofianza de los militares en López Rega e
Isabel Martínez de Perón, que sucedió al general en la
presidencia cuando falleció en 1975. La junta militar consideraba que la
paranoia de López Rega y su aparato paraestatal no hacían sino retrasar
los planes de Perón. Planes que debían ser llevados a cabo directamente
por la estructura del Estado.
Cadenas de televisión como Antena 3 y programas basura como Espejo Público, presentado por Susana Griso,
llevan demasiado tiempo intentando mejorar sus audiencias a través del
sensacionalismo aplicado a cualquier noticia, suceso o lo que consideren
que "está de actualidad".