Redes de robaniños operan en hospitales
Identifican a tres bandas que integran desde enfermeras hasta registradores
Uno de los 20 casos que investiga el Ministerio Público es el de una pareja de esposos que fueron capturados la semana pasada.
La Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Fundación Sobrevivientes aseguran que al menos existen unas tres redes en el país cuya finalidad es la sustracción de los menores para luego venderlos al mejor postor, y con ello, realizar adopciones ilegales.
El monitoreo de la entidades ha permitido establecer que los departamentos donde se reportan las sustracciones son: Huehuetenango, Sololá, Chiquimula, Escuintla, Retalhuleu y Jalapa.
El número de denuncias podría ser mayor por los subregistros, debido a que la PDH refieren que existen más de 60 mil comadronas, pero solo el 10% están registradas, así que no se tiene un control total de los nacimientos.
Erick Cárdenas, de la PGN, explica que Huehuetenango es una de las áreas preferidas, por ser zona fronteriza y por el alto número de menores embarazadas en la región.
“La mayoría de menores son robados con la finalidad de darlos en adopción, a nivel nacional e incluso en el extranjero”, explica Cárdenas.
Según los datos de la PGN, los menores preferidos están entre los 0 a 2 años, porque son los más solicitados por las parejas para las adopciones.
Forma de operar
Los encargados de la niñez explican que las bandas operan directamente dentro de los hospitales y algunos centros de salud. Estas estarían conformadas por enfermeras, médicos, trabajadores del Registro Nacional de las Personas, jaladores y comadronas.
Según Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, una parte de estas organizaciones se encarga de identificar a la víctima, que en su mayoría es menor de 12 a 14 años que está embarazada.
Al llegar al hospital o centro de salud le dan a conocer el dato al personal para que se encargue de la sustracción.
En algunos casos, a las jóvenes madres se les informa que sus hijos han muerto, pero no les entregan los cuerpos de sus hijos; en otros casos, los robos ocurren en las afueras de los hospitales.
Otro grupo se encarga de buscar los contactos de los posibles compradores. Hasta el momento, la Fiscalía contra la Trata de Personas ha identificado que los menores pueden tener un costo desde Q500 hasta Q25 mil.
No se descarta que otra parte de las organizaciones siga con los trabajos en los centros comerciales y parques.
La otra parte de la estructura, según Miriam Rodríguez, de la PDH, una vez que obtienen a los menores, se dedica a realizar las supuestas presunciones de parto.
“Esto ha aumentado grandemente. Los supuestos padres inscriben como propios a los niños, sin haberlos tenido”, detalla Rodríguez.
Según Norma Cruz, en esta parte operan trabajadores de Renap, quienes antes eran parte de los Registros Civiles de los departamentos, por lo que consideran que esas dependencias aún siguen infiltradas por miembros del crimen organizado.
“Eligen esos departamentos porque son zonas fronterizas, donde hay un alto grado de población indígena; solo se comunican por el idioma de su región, hay gran debilidad del Estado”, afirma Cruz.
Así lo dijo
“La mayoría de menores son robados con la finalidad de darlos en adopción, a nivel nacional e incluso internacional”.— Érick Cárdenas, Procurador de la Niñez
“Consiguen documentación verdadera con datos falsos; y cómo no, si los trabajadores de Renap son parte de las bandas”.— Norma Cruz, Fundación Sobrevivientes
“El robo ha aumentado grandemente. Los supuestos padres inscriben como propios a los niños, sin haberlos tenido”.— Miriam Rodríguez, Auxiliar de la pDH
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