Justicia abre una oficina para atender a víctimas de bebés robados
Justicia cruzará los datos de afectados por robo de bebés para propiciar reencuentros
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, inauguró ayer la
oficina de atención a los afectados por casos de bebés robados, cuya
principal herramienta será una gran base de datos con toda la
información que aporten los hijos, hermanos y padres que están buscando
(fecha y lugar del parto, médicos que intervinieron…) y sus perfiles
genéticos, para intentar propiciar reencuentros.
La oficina, ubicada en la calle de la Bolsa, 8 de Madrid, estará abierta de 9 a cinco de la tarde y los afectados podrán solicitar una cita previa en el teléfono 911788000 o mediante la url https://sustraccionreciennacidos.justicia. es. Desde esta oficina, en la que trabajarán tres funcionarios de la administración de justicia, en colaboración con 25 agentes de policía y más de 100 oficinas de denuncia y atención al ciudadano en todo el territorio nacional, se recabarán toda la información que la Administración (registro civil, hospitales, fiscalías y cuerpos de seguridad del estado) pueda facilitar sobre cada caso “para evitar que los afectados tengan que peregrinar por distintas instancias administrativas” para recabarlos, en palabras del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.
El Ministerio se ha comprometido a pagar el coste de homologar las pruebas de ADN (cerca de 2.000) que los afectados se han hecho en laboratorios privados con los requerimientos científicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) para poder registrarse en ese gran banco de ADN. No obstante, en el caso de que en ese cruce de datos se produzcan coincidencias, Justicia no abonará el coste de esa segunda prueba de ADN en el INTF , que el secretario de Estado calcula en 120 euros. Las asociaciones de afectados reclamaron ayer que esos análisis fueran gratuitos y aseguraron que, en cualquier caso, los laboratorios privados se las realizan por la mitad de precio: 60 euros.
“No prometemos lo que no vamos a poder satisfacer, pero sí que vamos a poner todo nuestro empeño y dedicación para que se puedan esclarecer los casos”, salvando, añadió Román, las dificultades económicas y competenciales. “La oficina es un instrumento para conseguir un fin”, declaró el secretario de Estado después de excusar al ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, quien estaba previsto que respondiera a preguntas de los medios de comunicación, y que finalmente no lo hizo alegando que se había adelantado una votación en el Congreso. Su equipo de prensa negó que el ministro se fuera para evitar ser preguntado por Luis Bárcenas, que ha denunciado al PP por despido improcedente.
Tras reunirse con el ministro de Justicia y el secretario de Estado, la mayoría de representantes de las asociaciones afectadas presentes en la inauguración calificaron la apertura de la oficina de “primer paso”, aunque “muy corto”. El abogado Enrique Vila, de la Coordinadora X-24, que agrupa a 21 asociaciones de afectados, demandó al Ministerio que “haga presión” para que los afectados puedan acceder a los archivos en poder de la Iglesia (la mayoría de casos denunciados ocurrieron en centros privados en los que trabajaban monjas); que las pruebas de ADN sean gratuitas, así como la asistencia jurídica, y que se les reconozca como víctimas. El Ministerio se ha comprometido a trasladar a Interior esta última petición.
Inés Madrigal, supuesta niña robada, pide además, que se ponga en marcha un programa de reconocimiento facial de búsqueda de familiares a través de las fotografías de registro de DNI, una herramienta que se encuentra en la Universidad Carlos III de Madrid.
La oficina, ubicada en la calle de la Bolsa, 8 de Madrid, estará abierta de 9 a cinco de la tarde y los afectados podrán solicitar una cita previa en el teléfono 911788000 o mediante la url https://sustraccionreciennacidos.justicia. es. Desde esta oficina, en la que trabajarán tres funcionarios de la administración de justicia, en colaboración con 25 agentes de policía y más de 100 oficinas de denuncia y atención al ciudadano en todo el territorio nacional, se recabarán toda la información que la Administración (registro civil, hospitales, fiscalías y cuerpos de seguridad del estado) pueda facilitar sobre cada caso “para evitar que los afectados tengan que peregrinar por distintas instancias administrativas” para recabarlos, en palabras del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.
El Ministerio se ha comprometido a pagar el coste de homologar las pruebas de ADN (cerca de 2.000) que los afectados se han hecho en laboratorios privados con los requerimientos científicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) para poder registrarse en ese gran banco de ADN. No obstante, en el caso de que en ese cruce de datos se produzcan coincidencias, Justicia no abonará el coste de esa segunda prueba de ADN en el INTF , que el secretario de Estado calcula en 120 euros. Las asociaciones de afectados reclamaron ayer que esos análisis fueran gratuitos y aseguraron que, en cualquier caso, los laboratorios privados se las realizan por la mitad de precio: 60 euros.
“No prometemos lo que no vamos a poder satisfacer, pero sí que vamos a poner todo nuestro empeño y dedicación para que se puedan esclarecer los casos”, salvando, añadió Román, las dificultades económicas y competenciales. “La oficina es un instrumento para conseguir un fin”, declaró el secretario de Estado después de excusar al ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, quien estaba previsto que respondiera a preguntas de los medios de comunicación, y que finalmente no lo hizo alegando que se había adelantado una votación en el Congreso. Su equipo de prensa negó que el ministro se fuera para evitar ser preguntado por Luis Bárcenas, que ha denunciado al PP por despido improcedente.
Tras reunirse con el ministro de Justicia y el secretario de Estado, la mayoría de representantes de las asociaciones afectadas presentes en la inauguración calificaron la apertura de la oficina de “primer paso”, aunque “muy corto”. El abogado Enrique Vila, de la Coordinadora X-24, que agrupa a 21 asociaciones de afectados, demandó al Ministerio que “haga presión” para que los afectados puedan acceder a los archivos en poder de la Iglesia (la mayoría de casos denunciados ocurrieron en centros privados en los que trabajaban monjas); que las pruebas de ADN sean gratuitas, así como la asistencia jurídica, y que se les reconozca como víctimas. El Ministerio se ha comprometido a trasladar a Interior esta última petición.
Inés Madrigal, supuesta niña robada, pide además, que se ponga en marcha un programa de reconocimiento facial de búsqueda de familiares a través de las fotografías de registro de DNI, una herramienta que se encuentra en la Universidad Carlos III de Madrid.
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