enlace a la noticia
El juez seguirá con la investigación del caso de los niños robados a pesar de la muerte de Sor María Vallbuena
Si se unificaran todos los casos en un solo sumario, los archivos
de la Iglesia católica podrían esclarecer buena parte del robo de recién
nacidos
El fiscal general del Estado debería hacer lo posible por unificar el caso en la Audiencia Nacional, ante la existencia de 3.000 adopciones forzosas
El fiscal general del Estado debería hacer lo posible por unificar el caso en la Audiencia Nacional, ante la existencia de 3.000 adopciones forzosas
El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. Foto: Efe
La religiosa María Gómez Vallbuena, conocida como
Sor María imputada en dos juzgados de Madrid por su implicación en el
caso de los niños robados desde la Guerra Civil hasta la década de 1990,
falleció el pasado martes 22 de enero a causa de las dolencias
cardiovasculares que ya le habían impedido prestar declaración el
viernes 18 de enero en los juzgados 47 y 50 de instrucción de Madrid,
por su relación con la sustracción sistemática de recién nacidos. Sor
María, que es la única persona que ha sido imputada en un caso de robo
de bebés, habría cumplido 88 años el próximo 8 de abril.
El fallecimiento de la religiosa, sin embargo, a pesar de que fue acogido como un mazazo por buena parte de las víctimas del caso de los niños robados, no tiene por qué significar el final de las investigaciones sobre esta espeluznante práctica generalizada por el franquismo.
La congregación a la que pertenecía, las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, no hicieron público el fallecimiento hasta dos días
después, cuando Sor María ya había sido enterrada. La congregación
evitaba así que las exequias de la religiosa provocaran la presencia de
los medios de comunicación y aparecer en informativos de televisión y
otros medios.
El fallecimiento de Sor María ya ha
tenido la primera consecuencia judicial. El juzgado de instrucción
número 47 de Madrid ha archivado la investigación instada por María
Luisa Torres, que la acusaba de haberle robado a su hijo en 1980. Pero
sólo por lo que respecta a Sor María.
El juez Adolfo
Carretero afirma en el auto emitido ayer que la causa continúa a raíz de
la denuncia de una joven que denunció el robo de su hermano a su madre
el 3 de julio de 1980. La ginecóloga que se ocupó del parto está
imputada en el procedimiento y tiene muchas explicaciones que dar porque
las pruebas de ADN confirman las acusaciones.
Otros casos
El juez Carretero es consciente de las dificultades que tiene la
investigación. Y aún así está determinado a seguir con la investigación
de los hechos mientras pueda. Además ha cundido el ejemplo y ya hay otra
causa abierta, ésta en el juzgado de instrucción número 50 de Madrid,
por el robo de dos gemelas en 1981. Si el magistrado sigue el mismo
criterio que su colega, el caso seguirá vivo.
Mientras sigan apareciendo magistrados con suficiente sensibilidad, una
de las mayores atrocidades cometidas por el franquismo y por algunos de
sus antiguos dirigentes en connivencia con la Iglesia católica –el robo a
sus padres de miles de niños por la simple militancia política de sus
padres o por su condición social– no quedará impune.
Los magistrados que han intentado investigar el caso se han encontrado
con una especial dificultad. De hecho, el primero que lo intentó fue el
exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que consideraba
el caso de los niños robados como uno de los crímenes más crueles del
franquismo cuando intentó instruir una causa contra los abusos cometidos
durante la dictadura.
Las presiones sobre Garzón
llegaron a tal extremo que finalmente tuvo que abandonar el caso. Pero,
al intentar perseguir los crímenes del franquismo, Garzón violó una de
las normas no escritas de la transición, y acabó inhabilitado, aunque
por vulnerar los derechos de los principales responsables de la trama
Gütel.
Hasta 1990
Y es que
uno de los mensajes de la inhabilitación de Garzón parecía bastante
claro: los crímenes del franquismo no se tocan, ni se investigan. En
particular si afectan a la Iglesia católica.
Pero, a
pesar del tiempo transcurrido –el secuestro de hijas de presas
republicanas o de familias consideradas poco idóneas por la Iglesia
empezó en 1940, a iniciativa del psiquiatra de cabecera de Franco,
Antonio Vallejo Nájera, pero tras la muerte de este último en 1960
siguió practicándose por razones religiosas y para obtener beneficios
económicas casi hasta la década de 1990–, los últimos bebés secuestrados
están entre la veintena y la treintena, y tienen energía suficiente
como para seguir exigiendo que se esclarezca la verdad.
Es una cuestión de voluntad política. A pesar de los avances realizados
por el juez Carretero, la mejor solución para el caso es precisamente
política. Dejar de perseguir los casos individualmente y volver a la
doctrina establecida por Garzón en su auto y considerar el robo de niños
como el resultado de la acción concertada de una o varias redes.
La colaboración de la Conferencia Episcopal, presidida por el cardenal
Antonio María Rouco Varela, es fundamental. La mayor parte de los casos
podrían haber sido documentados e incluidos en los archivos de la
Iglesia católica. Hasta ahora Rouco se ha negado a abrir los archivos a
la Justicia. Pero, dado que buena parte de los ingresos de la Iglesia
proceden del concordato entre el Vaticano y el Estado español, hay una
forma clara de presionar a los purpurados.
Sor Maria Gómez Vallbuena, en una de sus comparecencias en los juzgados. Foto: Efe
Las otras 'Sor María' y sus cuadernos azules
Las
diferentes asociaciones de víctimas de la trama de los niños robados
aseguran que Sor María era la persona encargada de supervisar las
adopciones, pero sólo en lo que hoy es la Comunidad de Madrid. Y
aseguran tener la convicción de que la religiosa recién fallecida no era
la única que organizaba las adopciones forzosas.
Entre los investigadores, algunos de ellos historiadores independientes
que no tienen relación alguna con las víctimas, hay un consenso
generalizado sobre el número de religiosas implicadas en el robo de
recién nacidos, tanto a disidentes del franquismo como a familias
consideradas “poco adecuadas” por la Iglesia Católica, fundamentalmente
madres solteras.
Consideran que en el momento de
máxima actividad de la red de niños robados hasta 70 religiosas se
dedicaban a la sustracción de bebés. En el caso de Sor María, las
víctimas aseguran que en los últimos tiempos no ocultaba en absoluto que
estaba robando los bebés, algo que, durante el franquismo sí se hacía,
comunicando a la familia que el recién nacido había fallecido durante el
parto.
También aseguran que la religiosa fallecida la semana pasada consignaba todas las gestiones que realizaba en relación con la reasignación de los bebés a lo que consideraban familias adecuadas en unas particulares libretas de color azul.
En algunos casos registrados fuera de la Comunidad de Madrid, algunas
de las víctimas aseguran que la religiosa que realizaba un papel
equivalente al de Sor María también registraba todas las incidencias en
cuadernos azules. Cuadernos que, con toda probabilidad, fueron remitidos
a los archivos de la Iglesia católica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario